miércoles, 26 de noviembre de 2008

un aplauso

Un aplauso. Está muy bien que por fin los más altos representantes del Estado empiecen a reconocer lo que desde hace decenios un general tras otro, un ministro de Defensa tras otro, un presidente tras otro, han negado en redondo: que las Fuerzas Armadas cometen excesos. Torturas. Detenciones que terminan en la desaparición de los detenidos. Ejecuciones extrajudiciales. Crímenes de guerra. Hay que felicitar al presidente Uribe, al ministro Santos, al general Padilla, por su decisión de pasar a retiro a tres generales y siete coroneles (y otros tres más hace ocho días), más una docena de oficiales y suboficiales de menor rango, por los infames "falsos positivos" con decenas de muertos denunciados en las últimas semanas.
Está muy bien que se empiece a limpiar el Ejército (y la Policía, y el DAS), y ya iba siendo hora: sólo falta un año para que venza la reserva de siete que establecieron al alimón el presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional, blindando al Estado colombiano frente a las responsabilidades por crímenes de guerra durante el tiempo que según su cálculo optimista tomaría derrotar a la subversión en Colombia.Está muy bien que los crímenes se reconozcan. Y que se acepte por primera vez que no se trata de actos aislados de "elementos descorregidos", de "manzanas podridas", de "ovejas negras" que no entrañan responsabilidad institucional ni política de sus superiores, sino que, por el contrario, la comprometen tanto por omisión como por acción. Pero la necesaria limpieza del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía, del DAS, de todos los organismos secretos del Estado, habrá que repetirla una y otra vez, indefinidamente, mientras no cambien de verdad las convicciones profundas de los militares que hacen la guerra y de los civiles que la ordenan desde el poder político. La convicción profunda, reforzada además por el adiestramiento y el ejemplo recibidos de los Estados Unidos, de que todo vale en la guerra contra la subversión, hoy llamada narcoterrorista; ayer, comunista; antier, bandolera. De que valen el asesinato y la tortura, la desaparición forzada, la expulsión, porque el enemigo no merece respeto.Todo vale porque la vida no vale nada. La de los demás: esos, literalmente, desechables que constituyen el grueso del pueblo colombiano (y que hay que distinguir, claro, de los llamados "colombianos de bien"). Los desechables se pueden desechar. Usar y tirar. Eliminar cuando ya no sirven. Intercambiar. Pueden ser usados indiferentemente como guerrilleros o como paramilitares, como sicarios de la mafia o como mensajeros de moto o como desempleados o como subempleados o como reinsertados o como votantes cautivos o como víctimas de los "falsos positivos militares". Su vida real no importa, salvo desde el ángulo de la estadística. Por eso puede el coronel Plazas Vega, aquel que "defendía la democracia, maestro", decir que los cadáveres de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia están donde no están, y tiene que salir Medicina Legal a desmentirlo. Ah, ¿eran otros muertos? Da lo mismo.Para saber si los pases a retiro de unos cuantos oficiales significan que de verdad está cambiando esa convicción profunda de que hablo hay que ver si son seguidos de algo más: de juicios, de condenas. Pues la desaparición forzada, que trabajosamente fue por fin tipificada como delito en el año 2000, no ha tenido en los siete años transcurridos desde entonces ningún acusado, ningún procesado, ningún condenado, pese a que sigue afectando a unas quinientas personas cada año. Y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, firmada por el gobierno de Colombia en septiembre de 2007, no ha sido ratificada todavía. Y en la discusión que se adelanta en el Congreso sobre la Ley de Víctimas, el gobierno y sus parlamentarios leales se rehúsan obstinadamente a reconocer como víctimas del conflicto (y a reconocer que hay conflicto) a las que lo hayan sido de los agentes del Estado: soldados, policías, detectives del DAS. Como si no existieran.Todavía falta, pues. Y no sólo porque la lucha por la verdad y la justicia sea una lucha interminable que nunca se puede dar por ganada del todo, sino porque el reconocimiento hecho esta semana por los más altos representantes del Estado sobre sus culpas parece insuficiente todavía, apenas de labios para afuera. Así, al presidente Álvaro Uribe se le escaparon dos expresiones reveladoras al hacerlo. Una fue la de que los desaparecidos habían sido "ajusticiados" por el Ejército. La otra, la de que con sus masacres, de Guaitarilla a Soacha, los militares "nos hacen quedar mal". "¿''Ajusticiados" los asesinados? ¿Y simplemente "queda mal" quien secuestra a alguien para matarlo y presentar su cadáver como un "positivo"? En los dos casos, las palabras del Presidente se quedaron algo cortas.Pero bueno: es un comienzo. Que sigan por ahí. Y, de nuevo, un aplauso.

comentario
me parecev muy bueno que ya los altos mandos del gobierno esten cayendo por sus actos delicuenciales y que no esten dando pretestos por darles una castigo sebero y que pagen por todos sus actos de falsos positivos

martes, 25 de noviembre de 2008

IMPACTOS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA SALUD MENTAL DE LOS COLOMBIANOS[1]

El 10 de octubre, ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud –OMS, como el día mundial de la salud mental, con el propósito de llamar la atención de la sociedad sobre la necesidad de identificar, tratar y prevenir algunos trastornos emocionales, para este año el tema se centrará en el suicidio como causa destacada de muchas muertes prematuras y prevenibles.


El suicidio es la décimo tercera causa de muerte en el mundo. Estudios de autopsia psicológica demuestran que en 90% de los casos de suicidio consumado se presentaban enfermedades mentales no diagnosticadas, que de haber sido atendidas se hubiera evitado este tipo de desenlace. La enfermedad mental más frecuente que conduce a intentos de suicidio es la depresión, presente en el 80% de las personas que lo han intentado.

Las condiciones sociales de desarraigo y exclusión social, la falta de participación en redes sociales, carencias afectivas y dificultades en reconocer el papel esperado en la sociedad, dificultan el sentido de pertenencia y de identidad. Estos factores propician la depresión y el suicidio, fenómeno que el sociólogo Emil Durkheim llamó suicidio anómico, para referirse a las condiciones sociales de precariedad que impulsan a los sujetos a este tipo de salidas desesperadas. Es por esta razón, que las cifras de suicidio nos pueden servir de indicador del estado de salud mental de una sociedad.

Para el caso de Colombia, las cifras de suicidio, de homicidio y de otros actos violentos como el maltrato intrafamiliar, la violencia sexual y el desplazamiento forzado, nos sirven de termómetro para evaluar el grado de deterioro de nuestra sociedad. El panorama al que nos asomamos diariamente a través de los medios de comunicación es desolador en muchos casos, indignante en otros, pero siempre perturbador y apabullante, al punto que podemos afirmar que la salud mental de las víctimas de esta violencia siempre está afectada en mayor o menor medida, pero también afectada la salud mental de quienes sirven de testigos y espectadores de lo que a diario pasa en el país.

Esto no quiere decir, como afirman muchos, que los colombianos y colombianas estamos enfermos mentales o que vivimos en un país de locos. Mejor, afirmamos que estamos en un contexto social opresivo y autoritario, donde el sufrimiento impuesto por las condiciones de vida hace muy difícil vivir y la violación constante de los derechos de las personas hace incluso difícil sufrir. De ahí, que nos mal adaptemos a convivir en medio del dolor y la atrocidad, unos anestesiados e indiferentes, intentando vivir en globos de cristal; otros marcando diferencias y exclusiones dogmáticas como las que se ven en el fanatismo político, el religioso, el étnico o el deportivo.

En este marco, es oportuno referirse a la salud mental de los y las colombianas, que han vivido por más de 40 años en medio de un escenario de violencia política y conflicto armado interno, que ha víctimizado principalmente a la población civil. En los últimos 20 años más de 70.000 personas civiles han sido asesinadas, más de cuatro mil muertes cada año por razones sociopolíticas[2], cientos de miles han sido amenazadas, torturadas o desaparecidas y más de 3 millones se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

El conflicto armado interno en Colombia ha sido irregular, prolongado y tiene raíces estructurales históricas de índole económica, social, política, cultural e ideológica, consecuencia de la pobreza extrema, la inequidad, la injusticia y la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales y las necesidades básicas de la población colombiana, escenario en el cual la violencia ha sido el medio utilizado por todos los actores armados para obtener, mantener y consolidar control sobre territorios, recursos y ciudadanos[3].

Este contexto prolongado de violencia exacerbada, ha generado impactos psicosociales y en la salud mental de personas, familias, comunidades y en la sociedad en general. En esta última, uno de los impactos más destacados ha sido la progresiva legitimación y justificación del uso de la violencia y el poder autoritario por encima de las prácticas deliberativas y democráticas; reforzando en el colectivo, imaginarios que acentúan la intolerancia, la individualidad, la estigmatización y generan mayor polarización.

En este sentido, muchas personas se muestran indiferentes ante la violencia y perciben la militarización y el conflicto resuelto por la vía violenta como algo normal o deseable, hasta el punto que, su naturalización, impide emprender acciones para defender o reestablecer derechos que están en riesgo o que ya han sido vulnerados.

Por otro lado, en un gran porcentaje de la población, se ha generado una especie de amnesia colectiva, que se refleja en apatía, negación del conflicto, evasión y difusión de las responsabilidades, así como en dificultades para adelantar acciones solidarias y trabajo colectivo.

En consecuencia, uno de los efectos más dramáticos del conflicto colombiano, ha sido la desestructuración del tejido social, que se manifiesta en desconfianzas, descoordinación, silenciamiento, miedo, dificultad para mantener y consolidar procesos organizativos e inmovilización.

Ante este escenario, el acompañamiento psicosocial y la atención en salud mental, contribuyen a integrar nuevos elementos de análisis que promuevan mensajes y acciones acordes a la dignidad de todo ser humano y la defensa de derechos, así como a sensibilizar sobre la necesidad de establecer salidas civilistas y negociadas al conflicto armado, como escenario para cambios estructurales y caminos para el establecimiento de la paz y la garantía de los derechos fundamentales de toda la sociedad.

[1] Documento realizado por la Corporación AVRE (Acompañamiento psicosocial y en salud mental a víctimas de violencia política). Apartes de este documento fueron publicados en el periódico Portafolio del 10 de octubre de 2008.

[2] Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿Desmovilización o legalización? Amnistía Internacional, 2005
[3] "El problema de la violencia en Colombia es de larga data y de gran complejidad. La estabilidad de instituciones democráticas está afectada por profundas desigualdades sociales y altos índices de violencia cuyo significado no puede reducirse a la sola violencia terrorista. Esta es una situación que exige de soluciones cuya búsqueda no puede ser postergada. Sin embargo, el camino hacia la convivencia pacífica no es sencillo: sucesivos gobiernos han fracasado en sus intentos de erradicar la violencia o han logrado éxitos parciales o relativos en el área de las soluciones negociadas. Dado este contexto, la complejidad de la situación indudablemente requiere de esfuerzos extraordinarios para recuperar la paz y asegurar el imperio de la ley para todos los colombianos." En: Informe sobre el proceso de desmovilización. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Diciembre de 2004.

las personas durante decadas an pasado este problema por alto y no se dan cuenta vque algun familiar o un amigo puede tener vtranstornos mentales que no solo son de estar delirando sino de algunas cosas que se parecen bobas por eso tenemos que mirar esto como un problema grabe

gota gota

La semana pasada un reportaje de la Revista Cambio reveló la dimensión del mercado de crédito informal en Colombia: ocho de cada diez créditos son informales. Nada más indicativo de la realidad nacional que un problema que expresa tanto las falencias de la economía formal para incluir a toda la población dentro de un capitalismo democrático como los problemas de valores y conductas de los colombianos. Puede que en términos de volumen total de recursos del sector financiero, los créditos informales no constituyan una porción tan alta de la asignación de préstamos. Pero el hecho de que el mayor número de transacciones crediticias no sean producto de instituciones financieras reguladas por el Estado, es una advertencia que la economía formal del país presenta graves fallas en cuanto a su democratización. El crédito, una de las partes fundamentales del capitalismo moderno, es un servicio de lujo. En teoría una banca democrática cumple la función de captar los ahorros de la sociedad para que su clase empresarial pueda financiar la producción económica. A cambio de utilizar esos recursos los empresarios pagan unos intereses que incluyen las pérdidas de los préstamos no recuperados. Una banca eficiente debe evitar los préstamos a empresarios que no estén en condiciones de pagar porque encarece el crédito a quienes sí están comprometidos en ampliar el sector productivo nacional. La decisión de no pagar un crédito puede obedecer a que el empresario simplemente no tiene cómo hacerlo -por quiebra o iliquidez- o a que por razones éticas decide no cumplir sus deudas. Los bancos deben entonces identificar las probabilidades de pago de los empresarios para evitar que la plata de los ahorradores se diluya. Existen tres mecanismos básicos para garantizar que los clientes cumplan sus compromisos: activos físicos, fiadores e historial crediticio. El problema en Colombia es que un 80% de los clientes de préstamos no cuentan ni con activos ni con fiadores ni con historial de crédito para acceder a la banca formal. Deben buscar créditos en el sector informal que cuenta con otro mecanismo para garantizar los pagos: la disuasión armada. La violencia se convierte así en un medio alternativo para lograr que los potenciales clientes acudan al sistema sólo cuando están seguros de poder pagar, y de paso, evitan que muchos individuos pobres de ética decidan eludir sus compromisos crediticios. En otras palabras, el sistema bancario informal es un caso más donde la violencia se convierte en un mecanismo efectivo de regulación económica para aquella población que no puede ser atendida por el sector formal debido a sus barreras estructurales (falta de activos, conocimientos de las transacciones, etc). Lo más grave es que la mayoría de esos clientes son capaces de pagar las tasas de usura del sector informal. Los famosos sistemas de ‘gota a gota’, pese a su brutalidad e infamia, cumplen una función importante al permitir a muchos empresarios de bajos recursos y nula liquidez sobrevivir en medio de riesgosas transacciones. Sin importar los problemas de estos sistemas económicos los individuos cumplen sus obligaciones. La gran pregunta es: ¿cumplirían estos mismos individuos sus obligaciones si no existiera una amenaza violenta? Si fuera así los bancos no tendrían mayores problemas para atenderlos. Quizá este ejemplo sea una advertencia de los problemas éticos que afronta la sociedad colombiana y que deberíamos reconocer si quisiéramos en verdad modernizar nuestra sociedad.

las personas estan asiendo todo lo posible para aser prestamos a las diferentes estancias y estan debiendo esta y la otra vida para sacar algo y sus creditos no son corroborados como formales

RESPUESTAS ARTICULO "OASIS" DE GONZALO GALLO

Oasis Noviembre 21 de 2008
Los que no pueden escribir en un periódico le trasmiten a uno inquietudes que a veces conviene compartir: -

¿Qué cambios radicales haría el Gobierno si uno de tantos falsos positivos del pueblo fuera hijo del Presidente o de un ministro?
R//nada por que el que esta en la rfosca y le dan su parte del dinero se olvida de todos y se va hundiendo en la anbicion de tener mas plata y empiesa a sacarsela al pueblo
- Diciendo "perdonen que tardamos", ¿el Gobierno le devuelve la vida a tres muertos y la plata a millares de pobres ahorradores?
R// es una frace graciosa porque de cada 10 personas 2les dan la mitad del dinero y cada vez que dicen esta frace inventan un pretesto para demorarce mas
- ¿Hará algo este Gobierno tan amigo de los banqueros para que éstos no ganen billones mientras abusan de sus clientes?
R//no porque de el dinero que saca el banco de sus clientes u na gran parte del dinero es para los altos gobernantes
- ¿Por qué surgen en pocos días tantas pruebas contra DMG que no aparecieron en años?
R//por que los bancos precionaron al gobierno a cerrar dmg para asi no perder mas dinero porque toas las perfsonas estaban invirtiendo todo su dinero a dmg
- ¿Por qué el Superintendente cae solito como chivo expiatorio y los que mandan más siguen tan frescos?
R//porque los altos mandan a los de bajo rango para que no los atrapen y asi seguir gozar vcon el dinero que les da un politico
- Como bien dicen economistas serios, ¿por qué el Gobierno se la gastó toda en épocas de vacas gordas? Nadie niega las cosas buenas, pero persisten la corrupción, un gran hueco social y politiquería como nunca.
R//tdos los que llegan al poder no les imporgta mas que solo ellos y no asen nada por los que mas nececitan